ARTE PÚBLICO EN CHILE
El 21 de noviembre de 1969, el Estado de Chile aprueba la Ley N°17.236, la que en su artículo 6° señala que toda edificación pública deberá “ornamentarse” con obras de arte, incorporadas a ella o complementarias del conjunto arquitectónico, mediante los presupuestos de construcción de las diversas instituciones públicas. Con la vuelta a la democracia, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle e implementado por el Ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos Escobar, se impulsa y constituye la Comisión Nemesio Antúnez mediante el Decreto Supremo N°915 de 1994, organismo que hasta la actualidad está encargado de hacer operativa esta ley que promueve el desarrollo y difusión de las artes.
En el transcurso de estos treinta años, la Comisión Nemesio Antúnez conjuntamente con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas como su unidad operativa, ha convocado a numerosos concursos de Arte Público, instalando más de 200 Obras a lo largo de todo el país, comprendiendo los espacios públicos como lugares de intercambio y de cohesión entre los ciudadanos donde se ejerce la práctica de lo colectivo. En este contexto, la incorporación de obras de arte, permite a distintas comunidades un acceso democrático al arte y fomenta la necesidad de pertenencia e identidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y a reforzar esa cohesión social.
La Comisión no ha estado ajena a las reflexiones del arte público contemporáneo, evaluando permanentemente las distintas evoluciones del arte, las metodologías de trabajo, el medio cultural y de la práctica artística, lo que ha permitido ampliar su alcance conceptual hacia un diálogo territorial, a integrar equipos multidisciplinarios, así como también incorporar infraestructura tales como puentes, bordes costeros, autopistas, parques urbanos, entre otros, manteniendo siempre una relación directa entre arte y las obras de infraestructura pública, situación que la distingue de otras manifestaciones de arte en el espacio público provenientes de iniciativas públicas o privadas.
La Comisión entonces se encuentra dando el paso hacia la dimensión social e identitaria en el territorio, a través de una sistematización de la participación ciudadana, y la recuperación del espacio público en tanto generador de sentidos. La implementación de instrumentos de participación en los procesos permite apoyar y enriquecer la investigación y creación artística que requiere la instalación de una obra de arte público, promoviendo trabajos más pertinentes con su contexto y facilitando el diálogo entre la ciudadanía y el arte contemporáneo.